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El banco malo dice que no es un moroso, que es buen pagador. La Sareb asegura que sí paga a las comunidades de vecinos que integran los inmuebles de su propiedad. Sale así al paso de las acusaciones del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid).

Las entidades gerentes de la Sareb afirman haber gastado 30 millones de euros en 2013 en concepto de pago a las comunidades de vecinos que integran los inmuebles de su propiedad. Admite que puede haber retrasos en los pagos dada la complejidad de los procedimientos, pero desmiente «total y absolutamente» que adeude cualquier cantidad a las comunidades de vecinos.

El banco malo ha tenido que responder a así a los administradores de fincas de Madrid, que han alertado de que las entidades financieras, las sociedades inmobiliarias y las entidades públicas de gestión de vivienda acumulan el 19% de la morosidad existente (342 millones de euros) en las comunidades de propietarios.

Según la CAFMadrid, «la Sareb es una de las entidades que menos se preocupan por la conservación del edificio una vez que lo adquieren, mientras que el resto de los propietarios tiene que hacerse cargo, mediante derramas, de los pagos que dejan de realizar».

Asimismo, el colegio señala que «el banco malo no cumple con su obligación de comunicar a quien ejerza las funciones de secretario de la comunidad el cambio de titularidad del inmueble e incluso retrasa la inscripción de los activos inmobiliarios de que dispone en el Registro de la Propiedad para así no asumir obligaciones de pago».

CAFMadrid también ha acusado a la Sareb de haber vendido inmuebles con cargas que luego tiene que afrontar el comprador. El banco malo asegura que el contrato de traspaso de activos firmado con las entidades financieras obligaba a que los inmuebles estuvieran libres de cargas, con lo que de no ser así, la responsabilidad sería de dichas entidades.

CAFMadrid reconoce que existen casos en los que el comprador exonera, muchas veces sin saberlo, a la Sareb de su obligación de presentar el certificado que reconoce que está al corriente de los pagos», había asegurado la organización.

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