El pasado 29 de abril, el Congreso aprobó, con los votos de PP, PSOE y CiU, el Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones. Entre otras cosas, la nueva ley facilita a las operadoras la expropiación forzosa de azoteas particulares y otras propiedades privadas y públicas para la colocación de antenas de telefonía móvil. Dice su texto que esto se permitirá “cuando resulte necesario para la instalación de la red y no exista otra alternativa técnica o económicamente viable”.

La polémica está servida. De entre las reacciones, la última es la del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España que denuncia que la nueva Ley de Telecomunicaciones es contraria a uno de los principios fundamentales de un Estado de Derecho, la propiedad privada, al permitir la expropiación forzosa de cubiertas y terrados de edificios.

Los administradores alertan de que la nueva ley no recoge el principio de precaución ambiental especificado en la Ley de Salud Pública, que obligaría a restringir la instalación de antenas ante un posible peligro para la salud de los ciudadanos.

Los administradores advierten de que los operadores pueden disponer de estos espacios privativos sin que tengan que obtener licencias de obras ni realizar estudios de impacto ambiental, que sí eran necesarios con la anterior normativa.

Asimismo, observan que la nueva normativa no es compatible con la Ley de Propiedad Horizontal, lo que hará posible que las comunidades de propietarios se opongan a la instalación de antenas alegando razones de imprevisión.

Por todo ello, los administradores de fincas han solicitado la intervención del Defensor del Pueblo para que, como Alto Comisionado de las Cortes Generales, denuncie en el Parlamento este articulado de la nueva Ley General de Telecomunicaciones, que a su juicio viola el derecho a la propiedad privada de los ciudadanos españoles.

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