El pasado 10 de septiembre, el ministro de exteriores Jose Manuel García-Margallo propuso una solución al “problema catalán” mediante una reforma de la constitución que permita ceder a las CCAA toda la recaudación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y así que las Comunidades Autónomas tengan recursos suficientes para orquestar las políticas sociales y económicas que consideren oportunas.

Esta medida, que cabe decir  ha sido rechazada por el propio Partido Popular, entre otras cosas por  implicar una reforma de la Constitución , supondría un cambio radical en sistema impositivo español y desde esta tribuna nos parece peligroso por varios motivos.

La primera de las razones es que no parece que las diferentes autonomías estén dispuestas a ceder al gobierno central la regulación absoluta del impuesto, por lo que tendríamos 17 IRPF diferentes y esto supondría que ser residente fiscal en una CCAA suponga unas diferencias incluso superiores a las actuales.

Desde un punto de vista de reparto entre CCAA no tendría por qué suponer diferencias. No obstante, el otro problema residiría en el musculo financiero del Estado que se vería disminuido de forma sustancial.

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